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No únicamente por su fúnebre resultado y la perturbación de la tranquilidad de la población, sino porque quedó muy manifiesta la determinación de tan oscura coincidencia de oponerse por todas las formas, políticas y armadas, al desarrollo de la paz.
El senador Uribe espetó ante el país y el gobierno santista la necesidad de “un acuerdo político y de Estado” con su expresión política, previo a la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Lo cual fue reforzado después con la secuencia de paro armado y marcha como mayor sustento de su petición de que no habrá paz
sin contar con el uribismo. Vale la pena señalar que el principal fin de la paz hoy en Colombia es el de proscribir las armas como herramienta de la lucha política, sea esta utilizada por las ultras de derecha o de izquierda. Tras este objetivo se justifica realizar acuerdos de Estado con las expresiones armadas, sin que ellos
impliquen concesiones extraordinarias de cogobierno, ventajas electorales o atribuciones de arbitraje sobre con quién o quiénes se puede negociar la paz. Por eso es lógico que la contraparte rechace los paros armados o el secuestro como presión para el logro de los acuerdos.
El sindicalismo entiende por su experiencia propia, que la tarea central en pos de la democracia en el país consiste en respaldar el proceso de negociaciones de La Habana, para que culminen con éxito y al menor tiempo posible. Conscientes con esto movilizaremos nuestras bases en apoyo a la forma que tomen la refrendación
de los acuerdos. Si se dilatan estas negociaciones con condicionantes de exigencias sociales o de libertad, por más justificables y urgentes que sean, se puede dar al traste con este proceso y frustrar las aspiraciones de avanzar que las fuerzas populares tendrían en una lucha civilizada. Necesitamos la paz, pura y simple sin moños ni recovecos que la vuelvan imposible.
La utilización de las armas como instrumento permanente de la lucha política para lograr dominios territoriales o dirimir conflictos y la demostrada degradación e inutilidad de este uso ha sido el mayor obstáculo para el desarrollo democrático nacional, por eso el valor intrínseco de la paz como la entiende la absoluta mayoría
de la población: el cese de la guerra y sus consecuencias como el alto número de muertes y lesionados, el desplazamiento de millones de compatriotas, el impacto negativo en la productividad, la criminalización de la protesta social y sindical,el asesinato, los secuestros, el terror,la vinculación con el tráfico de drogas y
otras secuelas de no menos dramatismo.
Este fenómeno ha resultado tan adverso que impidió que Colombia pudiera vincularse a la ola de progreso que significó la elección de gobiernos alternativos que lucharon contra la pobreza, elegidos en Latinoamérica en los últimos años.
Cuando podamos ejercer de una mejor manera el conjunto de derechos, libertades y garantías como producto del cese del conflicto armado, lograremos desde el movimiento sindical y social el ACERCA DE LA PAZ var nuestra lucha reivindicativa y por las transformaciones estructurales a un nivel inimaginable, en tiempos relativamente cortos con respecto a estas épocas.
Nuestro respaldo a la salida política del conflicto armado no implica nuestro silencio frente a la política económica y social del gobierno de Santos, que descarga la crisis en los hombros del pueblo trabajador, entrega nuestra soberanía a las multinacionales y agrede los recursos naturales y el medio ambiente. Santos ha incumplido los compromisos con los trabajadores y pensionados, decretó un mísero aumento del salario mínimo, vendió Isagén y está de acuerdo con vender la ETB, expidió el decreto 583 que legaliza la precariedad en la contratación laboral y no se cansa de anunciar para satisfacer las “recomendaciones” de la Ocde y
el FMI una reforma tributaria regresiva y antipopular, y una reforma pensional que sube las cotizaciones y prolonga la edad para su disfrute.
De igual manera, continúan avanzando en la privatización de la salud, la corrupción monumental como el caso de Reficar, o la inhumana como es la alimentación de nuestra infancia. Ante este neoliberalismo rampante se ha despertado la protesta popular y sindical. Las jornadas del 25 de enero, 17 de marzo y 1º de mayo así lo manifiestan. El nombramiento en el Ministerio del Trabajo de una persona como Clara López, no conseguirá revertir la política económica y laboral del gobierno, tampoco logrará parar las tareas y acciones de nuestra inconformidad. Su voluntad personal cuanto más dejará una huella en la reconciliación, la reparación y el diálogo social.
En medio de este contradictorio panorama,los sindicalistas acertaremos. No arriaremos nuestras banderas, ni propiciaremos el juego de oposición contra la paz de la derecha uribista. Apoyaremos el proceso de paz y su refrendación,promoveremos la movilización contra las políticas neoliberales y en medio de ello
fortaleceremos nuestra propia fuerza,para emprender el camino de las transformaciones que hemos reclamado por muchos años para Colombia.

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO EL BANCARIO, No 8 de Mayo-Junio de 2016

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