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“Sin servicio de manera permanente”, se lee en un letrero colocado en la puerta de vidrio de la oficina Palermo del Banco de Bogotá ubicada en el costado oriental de la carrera 13 con calle 44 en la capital. Se ve una oficina desahuciada sin un solo trabajador o ser humano en su interior.

Las cada vez más crecientes transacciones en línea o telefónicas desplazan incesantemente a las operaciones en las oficinas físicas, con la consecuencia de pérdidas de plazas de trabajo en el sector bancario. La tercerización y la intermediación laboral impuesta por la mayoría de bancos como práctica común, además de rebajar el salario del trabajador bancario, producen la pérdida de la estabilidad y los beneficios legales y convencionales de estos empleados. Y estas dos cosas ligadas al desestímulo oculto de la tradicional sucursal bancaria que reduce a limites exasperantes el número de funcionarios, produce una sobrecarga laboral inmisericorde y todos estos factores menoscaban el ejercicio del derecho de sindicalización.

El país asiste pasmado y adolorido al ignominioso espectáculo del asesinato diario de un líder social o un reintegrado. El gobierno solamente atina a tratar de minimizar o desvirtuar tal situación con la estúpida comparación de estas muertes con las producidas por el robo de celulares, como lo hizo la ministra del Interior, Alicia Arango, en declaraciones rechazadas por la sociedad colombiana. De la responsabilidad del gobierno de Duque en no detener estos asesinatos y de la actuación extralimitada del Esmad contra la protesta popular, habla a profundidad y documentadamente el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en 2019. De nuevo el gobierno solo se ocupa en señalar que este informe es una intromisión en asuntos internos y no en tomar las medidas que impidan el sistemático asesinato de los líderes sociales, reinsertados y defensores de derechos humanos.

Desde el Centro Democrático, partido de gobierno, no cesan los ataques contra el proceso de paz, adobados de un lenguaje agresivo y descalificador contra los firmantes de los acuerdos de La Habana. En buena medida esta actuación del expresidente Uribe y sus partidarios son los que facilitan el caldo de cultivo para que fuerzas oscuras y profascistas procedan de manera física y verbal contra las personas que abogan por la democracia, la paz, la justicia social, los derechos humanos, la no discriminación contra las minorías y las medidas que atenúen el calentamiento global.

En esta edición de El Bancario publicamos una serie de artículos que van encaminados a demostrar cómo las anunciadas reformas laboral y pensional, exigidas por los organismos multilaterales de crédito, el FMI y la Occde, van encaminadas a golpear a los trabajadores y a favorecer, en especial, al sistema financiero especulativo, al gran empresariado y a las inversiones de capital foráneo en el país. Reformas que ante el ímpetu de la protesta social contra ellas y sus nefastas consecuencias, fueron negadas, como Pedro negó a Cristo tres veces, a pesar de estar delineadas en el Plan de Desarrollo del gobierno de Duque. Hoy, por las reiteradas exigencias de estos organismos internacionales, se aprestan a llevarlas al Congreso, para que las mayorías gobiernistas, creadas a partir de la mermelada, la transacción, la traición, la ambición, la corrupción, el dogma neoliberal y el apego lacayuno a los mandatos de Estados Unidos le den el “pupitrazo” de aprobación y suman al país en mayor desigualdad, pobreza y desequilibrio social.

Con la reforma pensional pretenden marchitar, para luego suprimir, el sistema de prima media con el cual Colpensiones pensiona a sus afiliados para favorecer de esta manera a los grupos financieros dueños de los fondos privados de pensiones, como el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Una dádiva más, como la que constituye el recién creado Holding Financiero Bicentenario para fortalecer el mercado de capitales, o sea a los grupos financieros nacionales y extranjeros que controlan con su capital especulativo la industria, el comercio, la agricultura y hasta el narcotráfico. No en vano debemos señalar que el portentoso estallido social chileno, que lleva 5 meses de movilización, tiene como una de sus principales motivaciones los resultados nefastos para los trabajadores del sistema privado de ahorro individual, como forma para acceder a una pensión.

La reforma laboral también traerá consecuencias catastróficas para los jóvenes que se asoman al mundo laboral. El trabajo por horas significa la eliminación del salario mínimo establecido hasta hoy y el pago de la remuneración de la mano de obra por debajo de este nivel, significa la eliminación paulatina de las prestaciones sociales, como primas, vacaciones y cesantías, y significa la total inestabilidad laboral y el desempleo disfrazado. No en vano debemos señalar que la inmensa participación de jóvenes en el paro nacional del 21N en Colombia fue motivada por la propuesta de Anif (el gremio de las instituciones financieras) de pagar el 75% de un salario mínimo para los jóvenes menores de 25 años.

Lo esbozado en los anteriores párrafos constituyen las poderosa razones para que ACEB, a nombre de los trabajadores bancarios, se vincule de manera decidida al paro nacional del 25 de marzo programado por el Comité Nacional de Paro y demos continuidad al torrente de explosión social que comenzó el 21N con la consigna que ilustra la primera página de El Bancario: Contra el paquetazo de Duque, por la vida y por la paz.

Juan Francisco Sánchez Zambrano
Presidente Nacional ACEB

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