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Sucedió lo esperado según los análisis políticos. El gobierno de Iván Duque prolongó la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero del año 2021 y todo dice que una vez inicie el nuevo año, terminará con la tarea de despojar a los trabajadores de los derechos que aún subsisten.

En efecto y acorde a la política expoliadora del gobierno actual, se prepara una fuerte y muy regresiva reforma tributaria, para descargar sobre los hombros de los asalariados los costos que ha generado la deuda pública por el supuesto manejo de la pandemia, aunque la mayoría de estos dineros ya se han esfumado por cuenta de la corrupción y las campañas para mejorar la imagen del propio mandatario y sus aliados.

Como lo habíamos dicho oportunamente, los supuestos alivios decretados por el gobierno en favor de los deudores del sistema financiero, no fueron más que una maniobra que solo benefició a los banqueros, pues una vez finalizado el primer periodo de emergencia, las obligaciones de los colombianos se dispararon y como avalancha, toda suerte de reclamaciones están cayendo hoy sobre los hombros de los trabajadores en la red de oficinas, a quienes les ha correspondido poner la cara ante los clientes que argumentan haber sido asaltados en su buena fe.

El futuro para los trabajadores colombianos no es nada alentador. En la coyuntura actual hemos visto la cruenta presión ejercida por los dueños del capital, que exigen hoy al gobierno, acciones expeditas para la implementación de una reforma laboral estructural. Gremios como CORFICOLOMBIANA (Grupo AVAL) respaldados por el Ministro de Hacienda, quien le adiciona a tal exigencia, el pedido de adelantar la reforma tributaria señalada, cuentan ya con el visto bueno de todos los aliados del gobierno, de manera que en el parlamento está garantizada su aprobación.

Por su parte el sector financiero colombiano, está inmerso en una campaña de despidos masivos que reservadamente intentan disfrazar tras la apariencia de negociaciones voluntarias, cuyo efecto produce el aumento del índice de desempleo, evidenciando que, en cada oportunidad actúan con mayor saña y cinismo, generando terribles dramas familiares en momentos en que se agotan las fuentes de empleo.

Los despidos dejan a los trabajadores en condiciones muy críticas, pero en este contexto, se están presentando innumerables y muy dramáticos casos en los que dicho despido trunca al empleado un proceso de compra de vivienda ya iniciado y al no poder cumplir con los términos pactados en los títulos de compra – venta, le causan al extrabajador profundos e irreparables detrimentos patrimoniales.

Para los banqueros colombianos, el trabajo en casa y el teletrabajo llegaron intempestivamente, pero lo hicieron para quedarse, con un agravante y es que, desde el punto de vista administrativo el manejo de esos trabajadores lo están entregando a empresas tercerizadoras, que esclavizan al empleado y desconocen las garantías extralegales pactadas convencionalmente por el sindicato.

Mientras llega el momento de imponer las reformas, los bancos continúan con los despidos, que camuflan para no incurrir en la figura del despido masivo y no obstante los reclamos de ACEB y los pedidos de reunión urgente para exigir una explicación, optan por cerrar todos los canales de comunicación y de diálogo, por lo que en este momento no tenemos el espacio necesario para discutir la situación y el Ministerio de Trabajo brilla por su ausencia.

Es claro que el gobierno respalda y está a favor del sector financiero pero la razón está de nuestra parte. Este último argumento nos permitirá hacerla valer y sumar todos nuestros esfuerzos para realizar una masiva campaña de denuncia por los despidos, la injusticia y atropellos que comete el sector financiero en contra de todos los colombianos.

Uno a uno los bancos más fuertes del país, bien sea por sus activos totales, cantidad de clientes, ingresos, calificación y posición, etc., han iniciado una dura política que atenta contra la estabilidad laboral así:

En BANCOLOMBIA presentamos el pliego de peticiones y en virtud del Derecho de Asociación previsto en la Constitución Nacional, finalizada la etapa de arreglo directo y cuando se creía, por lo que habían manifestado los voceros del Banco, que era posible alcanzar un convenio, repentinamente cambiaron de actitud, llevando a que la etapa se cerrara sin ningún acuerdo.

El banco ITAÚ se niega a realizar reunión para hablar de cierres de oficinas, la solicitud se hizo por escrito, no respondieron, pero extraoficialmente nos hacen saber que no se reunirán hasta que terminen de diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de contrato de trabajo.

El Banco de Bogotá entrega el manejo de cobranzas a un tercero, que con seguridad hace parte del mismo conglomerado de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, trasladando a quienes anteriormente desarrollaban la desaparecida función de AOCO. La comunicación enviada oficialmente a estos trabajadores menciona que es “de manera provisional”. Se rumora que la pretensión es obligarlos a renunciar al contrato suscrito con el Banco, para hacerlos firmar uno nuevo con la empresa tercerizadora, donde desaparecerían las garantías extralegales. Se vienen produciendo despidos a diario, pero nadie en representación de la administración pone la cara, el Banco no da ninguna explicación.

Banco Popular Recibe nuestro pliego de peticiones, instala la mesa de negociación e inmediatamente empieza a desarrollar toda una estrategia para burlarse de los trabajadores, al punto de obligar a la comisión de los trabajadores, a realizar pruebas Covid-19 por un aparente caso de contagio, las cuales resultaron negativas pero sirvieron para suspender por lo menos una sesión de negociación y cuando el sindicato en medio del debate, los deja sin argumentos, con la mayor desfachatez aceptan que el banco no tiene voluntad política para generar acuerdos.

BBVA Colombia, ha desplegado una dura política de cierre de oficinas y de negociaciones disfrazadas de despidos, retomando con mayor ahínco su naturaleza arrasadora contra los derechos de los trabajadores, el cual materializó, durante en el proceso eleccionario del Comité de Convivencia Laboral que al final, quedó conformado por la misma dirección del banco. Es decir, esos que hostigan y acosan, serán los mismos que analizarán y tramitarán los casos que tipifiquen conductas de hostigamiento y acoso laboral.

Por su parte en Davivienda y Bancamía, se suprimen cargos, tercerizan áreas completas y entregan el manejo de sus trabajadores a empresas temporales, que desconocen los horarios pactados en convenciones colectivas y cometen toda serie de atropellos en contra de los trabajadores

Por las anteriores consideraciones, debemos llamar a todos los compañeros de los diferentes bancos y en especial a aquellos que están amparados con la figura del fuero sindical, a cerrar filas en torno a la defensa de la estabilidad de los trabajadores y a luchar unánime e incansablemente, para no caer en el desaliento y el pánico.

Procuremos que nadie se quede al margen y sobre todo cerrémosle la puerta al oportunismo salvaje, que pretende pescar en rio revuelto en lugar de solidarizarse con la situación que actualmente afecta a los trabajadores, por ello debemos puntualmente señalar a aquellos dirigentes de UNEB que se pasean por las oficinas con un discurso engañoso, donde aparentan estar en contra de los despidos, pero en realidad están tratando de confundir a los bancarios intentando dividirnos.

Esta crisis solo se puede afrontar con unidad y decisión, somos una fuerza vital para el desarrollo del capital, hagámosla valer.

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB 

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