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Nuevamente se ha puesto en discusión la necesidad de hacer una reforma pensional, aunque con perspectivas y motivaciones distintas, según los intereses que promueven quienes más interesados están en la reforma.

Para el gobierno la principal preocupación es su sostenibilidad fiscal: “el tema pensional es de suma importancia por el efecto que el pasivo pensional tiene sobre las finanzas públicas. Para 2017, el presupuesto general de la nación destinará $38,2 billones para financiar gastos en materia pensional, (…) lo que significa un aumento de 15,1% frente al año 2016”, dice el gobierno en su presentación del proyecto de presupuesto para 2017.

La preocupación del gobierno surge principalmente porque hoy estas pensiones hay que financiarlas principalmente con impuestos, pues la reforma pensional de 1993, (Ley 100), desfinanció completamente el sistema público de pensiones, (el famoso “hueco pensional”), creando un sistema paralelo manejado por el sector financiero que hoy tiene la mayoría de afiliados, 14 millones, y disponen de cotizaciones que ascienden a $215 billones.

Para el sector privado, básicamente los dueños del sector financiero (Grupo Empresarial Antioqueño con Protección, Bancolombia, y Suramericana y Sarmiento Angulo, con el Grupo Aval y Porvenir), su preocupación es fortalecer su negocio y ampliar su influencia. Así lo reconocen explícitamente funcionarios que promueven los intereses de este sector: “la dualidad de regímenes de pensiones contributivas (…) es algo inconveniente para el buen funcionamiento del sistema de pensiones y peor aún para los afiliados”, decía en 2015 el presidente de Protección en un foro en Cartagena entre la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) y Asofondos.1 Por su parte, el presidente de la ANIF, Sergio Clavijo, proponía “la eliminación total de la entidad (Colpensiones), en la que más de dos millones de colombianos realizan el aporte para su pensión”.2

Y no les falta razón en este cálculo a estos personajes: el año pasado, las 4 empresas que controlan el negocio de los fondos de pensiones y cesantías obtuvieron utilidades netas por un valor 712.560 millones (¡!), el 85,7% en poder de Provenir y Protección, una utilidad que sería aún mayor si no existieran Colpensiones ni el Fondo Nacional del Ahorro.
Un sistema pensional excluyente El principal problema del sistema pensional en Colombia es que excluye a la mayoría de la población adulta mayor de la posibilidad de acceder a una pensión cuando llegue la edad en la que deba retirarse del mercado laboral: hoy, de cada 100 personas con 60/64 o más años, apenas 30 están pensionadas3, lo que quiere decir que el resto, si no cuentan con una renta para vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad de la familia, lo que menoscaba su dignidad, o están en la completa indigencia.

Esta situación es consecuencia del modelo pensional que tenemos, que está diseñado únicamente para que se pensionen personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas. Hoy los afiliados cotizantes al sistema pensional representan apenas el 35% de la población ocupada, sin embargo, menos del 10% se van a pensionar efectivamente4, pues por las características del mercado laboral, cuando lleguen a viejos, la mayoría de la población ocupada no va a contar ni con las semanas mínimas de cotización (en el régimen de prima media), ni con el capital, o el ahorro necesarios para acceder a una pensión (en los fondos privados)5.
El modelo pensional no puede entonces depender únicamente de las características del mercado laboral, menos en un país que presenta un alto nivel de informalidad, alrededor del 60% de la población ocupada, con graves problemas de cobertura y calidad de la educación, con altos niveles de desempleo, principalmente entre la población joven y entre las mujeres, y con una manifiesta debilidad del Estado en materia de inspección del trabajo, que facilita que una alta proporción de empleadores, pudiendo cumplir con la ley laboral no lo hagan, pues están seguros de que nada les va a pasar.

Las propuestas de los sindicatos
Aunque hasta ahora no se conoce propuesta oficial alguna por parte de los sindicatos en relación a los objetivos, o al contenido esencial que debería tener una reforma, de todas maneras hay consenso en relación con la defensa del sistema de prima media, o de reparto, que administra Colpensiones, en oposición al sistema de ahorro individual, pues cualquier reforma tiene que tener como objetivo fundamental la protección de los derechos humanos fundamentales de la población adulta mayor, no la de promover los negocios del sector financiero, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
También hay consenso en que el foco de la reforma pensional debe ser asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor, para lo cual la reforma debe partir de las reflexiones que desde organismos internacionales como Naciones Unidas y OIT se han estado haciendo en relación con el concepto de protección social, sobre el cual Naciones Unidas aprobó una resolución donde reconoce la inmediata necesidad de lograr que los países tengan un sistema de protección social básica, que incluya un piso de protección social, adaptado a las necesidades y contextos locales y que pueda implementarse de forma progresiva. 8

Teniendo como base estas reflexiones, los sindicatos han estado construyendo propuestas para promover el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor, propuestas que hagan realidad la noción de dignidad en la que supuestamente descansa nuestro Estado. Entre las propuestas elaboradas desde el movimiento sindical figuran las siguientes9:
Sistema pensional como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales.

Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos, recursos públicos y cotizaciones, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica, de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo antipobreza, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable, (piso de protección social). Este ingreso se podría incrementar mediante cotizaciones y/o un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. Esta propuesta surge de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto Mundial para el Empleo. En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través programas asistenciales como el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.

Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, en el que todos los trabajadores tendrían la obligación de cotizar hasta por 4 salarios mínimos legales, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.

Un tercer pilar, obligatorio también, para aquellos trabajadores que devenguen más de 4 salarios mínimos. En este sentido, estos trabajadores cotizarían a dos sistemas: sobre los 4 primeros salarios mínimos cotizarían al régimen público de prima media, y a partir de este tope, cotizarían a un fondo privado de pensiones, que les asegure un ingreso adicional a la pensión del régimen de prima media.

La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores que cumplieron la edad, y cuentan hasta con el 70% de las semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.

Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
La reducción de las semanas de cotización de las mujeres de 1.300 a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados (esta propuesta se puede hacer como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres).

Notas
1 Según las proyecciones de población elaboradas por el Dane, en 2016 había 5.542.477 personas con 60/64 años y más, y el total de pensionados era de 2.089.529, aunque no todas son adultos mayores, pues entre los pensionados figuran también personas con pensiones de sobreviviencia y de invalidez.

2 López y Lasso (2012), citado por Nieto Ramos Alejandro. El Efecto de las pensiones sobre la desigualdad en Colombia. Documentos CEDE, Universidad de los Andes, págs 23 y 24).

3 “La insuficiencia de los capitales acumulados por los afiliados es una de las principales razones de la baja emisión de rentas vitalicias en el país”, que no permiten “contar con niveles de ahorro inferiores a los necesarios para adquirir una renta donde se financie una mesada de por lo menos el 110% del salario mínimo. (…) Dado que la inmensa mayoría de afiliados (83%) realiza aportes por ingresos inferiores a 2 smlmv, se puede esperar que la devolución de saldos siga en aumento”. Mora Aponte, Cristian. Las rentas Vitalicias. Fasecolda, junio de 2011.

4 Con el auspicio de Fescol y de la ENS, durante 2014 y 2015 se hicieron varios eventos académicos para avanzar en la elaboración de una propuesta de reforma pensional, eventos en los que participaron delegados de la CUT y de la CTC, y representantes de sindicatos del sector de la salud y de organizaciones de pensionados.

Por Héctor Vásquez Fernández
ESCUELA NACIONAL SINDICAL

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